La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dio a la tarea de determinar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que marca la obligación de todos los servidores públicos del país para presentar su declaración patrimonial y de intereses, no viola derecho alguno.
A propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, la Segunda Sala negó un amparo a trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), contratados antes de la reforma anticorrupción y fijó que a ellos les son aplicables las nuevas disposiciones, pues el contenido de un contrato laboral no puede estar por encima de la Constitución.
“La Constitución sí define quiénes son los servidores públicos que deben presentar declaración patrimonial, pues se refiere a todos, sin que con ello se trastoque el derecho a la seguridad jurídica de los quejosos. Aun cuando no todos los servidores públicos manejen recursos, nuestra Ley Suprema dispuso que el deber en estudio es para todo servidor público, a fin de garantizar la transparencia, promover la integridad y la obligación de rendir cuentas”, señala la sentencia.
De esta manera, los conceptos de agravio propuestos por los trabajadores del Conalep resultaron infundados para la SCJN, pues todo servidor público tiene el deber de interponer declaración de situación patrimonial y de intereses sin excepciones.
